Cuestionan Relatores de Naciones Unidas obra del Tren Maya

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Especialistas en materia de Derechos Humanos dependientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitieron una carta externando su preocupación por los desalojos y el impacto a comunidades indígenas debido a la construcción del Tren Maya.

Las organizaciones, International Service for Human Rights (Servicio Internacional por los Derechos Humanos), Consejo Regional y Popular de X’pujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) dieron a conocer que la afectación impactará a comunidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Nos preocupa la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”, indica el documento.

La carta, enviada al gobierno federal, convoca a las autoridades a acatar las recomendaciones y cumplir con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos allí señalados y detener la obra hasta esclarecer el debido cumplimiento de las normas.

Lo más relevante y urgente es que se suspendan las obras del tren hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos en el marco del Convenio 169 de la OIT -Organización Internacional del Trabajo-.

Al menos doce organizaciones se han pronunciado contra las obras del proyecto del ferrocarril, ya que pretenden desalojar a poblaciones establecidas en 29 comunidades rurales donde cruzará la vía férrea.

El llamado al gobierno federal es a suspender la obra, ya que no existen las garantías para las poblaciones originarias de preservar sus tierras, salud y sus derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil que se han agrupado en defensa de las comunidades rurales han insistido en establecer una serie de violaciones e infracciones en la obra que pretende construir el gobierno federal y que abarca cinco estados y sobre la opacidad de la información que emite el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto.

Al día de hoy, la obra no se cuenta con un Proyecto Ejecutivo y únicamente se ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), correspondiente al primer tramo. El gobierno ha optado por fragmentar el proyecto, lo que impide conocer los impactos acumulativos y sinérgicos que tendrá la obra.

De igual forma, señalan haber recibido denuncias sobre actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, mayor tiempo para su decisión o expresen su disconformidad con el desarrollo del proyecto, así como criminalización, difamación y descalificación en contra de personas defensoras de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal.

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