Autoridades, en deuda con la comunidad gay de Yucatán

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Al cumplirse los primeros 15 años del Consejo Municipal contra la Discriminación Sexual, el antropólogo y activista de la Comunidad LGBT, Jesús Rivas Lugo, enfatizó que las autoridades estatales y federales no cumplen al 100 por ciento sus tareas en materia de discriminación contra este grupo.

Rivas Lugo señaló que, fue en el año 2002 cuando en Mérida se integró el primer Consejo Municipal contra la Discriminación Sexual y desde entonces se ha buscado visibilizar el esfuerzo y desarrollo social de los integrantes de esta comunidad.

El activista presentó la conferencia “Mérida de colores, la construcción de la comunidad LGBT en la ciudad”, en el marco del VI Simposio sobre Patrimonio Cultural de Mérida-2018.

Expuso que, a raíz de la integración de este organismo, que se compone de unas 75 personas, entre ellas académicos, representantes de la sociedad civil, artistas e intelectuales, la autoridad municipal ha logrado desarrollar políticas públicas en favor de este grupo.

“Es importante decir, expuso, que han pasado 15 años y las autoridades estatales y federales aun no entienden la responsabilidad de cumplir con las responsabilidades legales que se deben cumplir para otorgar a todos los ciudadanos los mismos derechos”, sostuvo.

El simposio, organizado por el Ayuntamiento de Mérida dedicó este año evento estableciendo el tema de la diversidad cultural, como prioridad en sus objetivos. Al respecto, Rivas Lugo destacó que, el movimiento LGBT -Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero- tiene ahora un reconocimiento en políticas públicas municipales, pero no en las tareas y responsabilidades del Poder Legislativo y Ejecutivo del estado.

Agregó que, el movimiento social LGBT en Mérida crece y se adecua y en tanto que, la sociedad en su conjunto ofrece una mayor aceptación y espacio a las personas de esta minoría, las autoridades no responden a la condición de abrir las políticas públicas para dar igualdad de espacios y derechos a esta comunidad.

Mérida es un ejemplo en el país con este organismo, agregó, pero no tiene el mismo valor y condición para quienes gobiernan y responden a las necesidades sociales, porque en Campeche y Quintana Roo las personas de esta comunidad tienen más derechos que aquí.

Tras la integración de este consejo municipal, la autoridad municipal modificó el bando de Policía y Buen Gobierno, erradicando acciones que antes perseguían y violaban los derechos humanos de las personas gay, travestis y lesbianas en sus formas de expresión afectiva.

A 15 años de la integración de este organismo, unas 2 mil 500 personas acuden a la marcha de la diversidad sexual y viven una forma de ser y de expresarse más natural y abierta. Tarea que ahora impulsan incluso grupos empresariales y que apoyan espacios laborales y fuentes comerciales, pero que antes eran reprimidas.

El futuro establece que las autoridades gubernamentales deben modificar las condiciones de privación de derechos y la discriminación que impulsan contra esta minoría. Falta trabajar aún más en la sensibilización de estas autoridades y sus organizaciones políticas, porque en pleno siglo XXI, aún no reconocen el valor y derechos que tienen y deben respetar para todos los ciudadanos.

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