Rebaten sus acusaciones

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Las declaraciones formuladas hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde acusa a asociaciones civiles de recibir recursos para orquestar acciones en contra del proyecto del Tren Maya, no hacen sino criminalizar a la sociedad organizada, violentando su derecho a defender el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas y su cultura, coincidieron representantes de diversas agrupaciones aludidas por estos señalamientos.

En rueda de prensa a través de la plataforma Zoom, representantes de diversas agrupaciones lamentaron el posicionamiento del presidente pues con esto no hace otra cosa que criminalizar a las organizaciones civiles que por años han trabajado en el marco de la legalidad en pro de la defensa de las comunidades indígenas y del medio ambiente.

El presidente dio nombres de las organizaciones que, presuntamente, están financiando el boicot al proyecto del Tren Maya, entre ellas están Fundación Kellogg, la Fundación Ford, el Rockefeller Brothers Fund, el National Endowment for Democracy (NED) y la ClimateWorks Foundation, acusadas de otorgar recursos por 14 millones de dólares a varios organismos.

Entre los beneficiarios de ese dinero aparecen el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el equipo Indignación y el medio de comunicación Animal Político.

Sara López González y Jesús León Zapata, en representación del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), lamentaron el pronunciamiento del presidente y advirtieron que la criminalización de las asociaciones civiles habla de un desconocimiento de la labor y las acciones que llevan al cabo desde hace varios años en la preservación de los derechos de las comunidades indígenas y de la protección del medio ambiente donde viven.

Además, advirtieron que el Tren Maya es un megaproyecto que amenaza destruir el entorno natural, poner en riesgo la flora y la fauna de la zona, pero más que nada violentar los derechos de los indígenas, el despojo de sus tierras, y una desmedida explotación de los pobladores al someterlos a trabajos mal remunerados.

En lo particular, Sara López dijo desconocer las denuncias interpuestas por los comisarios de Calakmul ante diversas dependencias y organismos, acusando a Cripx de tomarse atribuciones que no le corresponden y pasar por encima de los acuerdos tomados por los comisariados que apoyan el proyecto.

Al respecto, el activista consideró estas acciones como parte de la estrategia del gobierno federal para desacreditar a las organizaciones civiles y quitarlas del camino para lograr sus objetivos.

Gustavo Alaniz Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, aseguró que el presidente de México está mal informado como para emprender una campaña tan sucia e inmoral que golpea a las organizaciones civiles de manera sistemática con calumnias y mentiras.

De 2012 y hasta ahora, reveló, en el país por lo menos 500 defensores ambientalistas y de pueblos indígenas han sufrido agresiones de todo tipo y lesiones, pero de 2019 a la fecha 18 de ellos han perdido la vida por realizar su labor.

“Los defensores de los indígenas y del medio ambiente se convertirán en blancos vulnerables como resultado de estas declaraciones del presidente”, lamentó.

Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, también lamentó la situación. Anticipó que, a partir de ahora, los ambientalistas y defensores de derechos humanos e indígenas de la región sureste de México hacen responsable al presidente de todo aquello que pueda sucederles.

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